En la Constitución de 1999, en su
exposición de motivos y específicamente en el capítulo V, de los derechos
sociales y de las familias, puede leerse: “Se garantiza para todos la seguridad
social, la cual debe responder a los conceptos de solidaridad, universalidad,
integralidad, unicidad, participación y eficiencia. La salud, asociada
indisolublemente a la calidad de vida y al desarrollo humano, constituye un
derecho social fundamental que el Estado garantiza a partir de un sistema
sanitario de servicios gratuitos, definido como único, universal,
descentralizado y participativo”. Todos estos conceptos quedaron plasmados
dentro del articulado de dicha Constitución. En la práctica, después de 12 años
de vigencia del texto constitucional, la salud pública en Venezuela está
colapsada y plagada de conflictos de todo orden (laborales, infraestructura,
insumos, cantidad y calidad de personal, costos y precios, centralización y
controversias con el sistema de salud privado).
A esta situación se suma los altos niveles de desabastecimiento de
medicinas para que las personas realicen sus tratamientos; de reactivos y
suministros para hacer pruebas diagnósticas; de insumos básicos y repuestos de
equipos médicos para el funcionamiento del sistema sanitario, tanto público
como privado, en más de un 80 % de procedencia importada, debido a la mora del
Estado con el pago de deudas en divisas a proveedores internacionales.
Los hospitales y ambulatorios de la salud pública redujeron
drásticamente sus capacidades de atención. Debido a inaccesibilidad económica
de los servicios privados y a la baja cobertura de aseguramiento de la
población, la mayoría de las personas y fundamentalmente las de menores
recursos, han continuado acudiendo a los hospitales y ambulatorios públicos,
enfrentando actualmente los siguientes problemas:
1.
ESCASEZ DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
En
Venezuela hay más de un 80% de fallas en el abastecimiento de medicamentos y
una deuda con el sector de más de 4.000 millones de dólares lo que hace
imposible tratar enfermedades como la Hipertensión Arterial, diabetes,
tiroides, infecciones, dolores, entre otras.
2.
DEFICIT DE PERSONAL
De la
salud pública se han retirado más de 15.000 profesionales de medicina, además
persiste un déficit en el personal de enfermería y bioanalisis.
3.
DEFICIT DE CAMAS
En
comparación con el estándar internacional de camas hospitalarias públicas (3
por cada 1.000 habitantes), en Venezuela, según datos de la Oficina
Panamericana de la Salud (OPS) para el año 2011 se encontraba en 0.9 por cada
1.000 habitantes
4.
DESMEJORAMIENTO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
ESCENSIALES
Durante
los últimos años se redujeron las vacunaciones a nivel nacional, aumentó la
mortalidad materno-infantil y se expandieron las enfermedades por parásitos y
vectores.
5.
DESASISTENCIA DE POBLACIÓN EN ZONAS APARTADAS
La falta
de insumos médicos y equipos en ambulatorios y hospitales ubicados en zonas
rurales apartadas, ha ocasionado que la gente tenga que migrar a la ciudad en
busca de atención.
6.
PRECARIAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
Los
centros de salud pública presentan severas fallas de infraestructura y de
servicios básicos como lo son agua, iluminación y aire acondicionado.
7. CORRUPCIÓN
Cobro por
servicios que deberían de ser gratuitos
8.
ALTA DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES
Más del
84% de los medicamentos e insumos son importados debido a que no se ha avanzado
en fortalecer la producción interna.
SITUACIÓN DEL SECTOR FARMACIA HOY EN DÍA
Foto Cortesía del Archivo la Verdad
Medicamentos
importados como antihipertensivos, antibióticos y anticonceptivos han llegado a
algunas farmacias pero a precios que superan los 40.000 Bolívares.
Desde hace seis meses no se consigue irbesartán, para controlar la hipertensión. Vi que una farmacia lo tenía y me acerqué hasta allá. Hay variaciones en los precios: la caja de 14 pastillas de 150 mg están en 26.000 bolívares, mientras que la de 300 mg cuesta 38.500 bolívares. Eso es una locura. Es la mitad del tratamiento mensual. Ahora consigues el medicamento, pero a un precio que no lo puedes comprar", afirmó Gregorio Rodríguez.
Algunos dicen que se trata de especulación, otros afirman ser
verídico, pero los supuestos nuevos precios
de las medicinas en Venezuela aterran a los ciudadanos,
pues, la mayoría rebasa los 40.000 Bolívares.
“A mí me vendieron una caja de 30 pastillas de losartán en 40 mil bolívares, y eso es a precio de farmacia, no de bachaquero”, aseguró Herminia González.
Algunos precios de las medicinas más
buscadas que circulan en redes sociales son los siguientes:
Azitromicina 500 mg
en 51.500 bolívares
Candesartan de 8 mg a 40.900 bolívares y 72.600 el de 16 mg
Ciprofloxacina 500 mg en 44.105 bolívares
Claritromicina
500 mg, 95.700 bolívares
Amoxicilina con ácido clavulánico, 50.400 el
jarabe
Yasmin y lobelle (pastillas anticonceptivas) en 90.000 bolívares
Irbersartan 150 mg, 64.500
Irbersartan 300 mg; 92.800
Femexim; 53 mil
bolívares
Losartán potásico 100 mg, 67.600
Losartán potásico 50 mg, 46.000
Nimesulide 100 mg en 22.820 bolívares.
En las farmacias ubicadas en Caracas tienen un estante en el que
se exhiben exclusivamente las medicinas importadas. Además del ibersartán,
también se consigue Losartán de 100 mg y 60 unidades en 32.740 bolívares.
Los antibióticos que comercializan son Ciprofloxacina de 500 mg y 16 unidades en 20.500 bolívares y Claritromicina de 500 mg y 16 pastillas en 44.500 bolívares, pero solo las venden a los pacientes que llevan récipe. Mientras que los anticonceptivos cuestan 22.500 bolívares y 41.000 bolívares.
El presidente de La
Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) Freddy Ceballos, aseguró
en una entrevista a la emisora privada Unión Radio que el Gobierno de Nicolás
Maduro ha "permitido" que se "dolaricen" los precios de los
medicamentos al "dólar negro" ilegal.
En
Venezuela opera un control de cambio desde 2003 y funcionan dos tipos de canje
oficiales.
El
canje más bajo (DIPRO), de 10 bolívares por dólar, está destinado a la
importación de alimentos y medicamentos, entre otros sectores básicos, mientras
que el otro (DICOM) es regido por un sistema que fluctúa, y hoy se ubica en 11.401
bolívares por moneda estadounidense.
Ceballos dijo que los medicamentos deben ser
comprados "a un dólar de 10 bolívares" y aseguró que el Gobierno ha
abierto la puerta a la "dolarización" del producto al permitir que
"un laboratorio portugués llamado Bluepharma, representado en el país por
Doropharma" los traiga al país a precios inaccesibles. Destacó que las
operaciones son legales la empresa cuenta con los permisos y los fármacos
tienen los registros sanitarios. "Estas medicinas están llegando por la
vía normal", dijo.
No podemos acusar a esta empresa de ningún tipo de ilícito de crimen, lo que nos llama la atención poderosamente es quién está detrás de esta empresa, cuál es el capital, si se trata de algún negocio más de alguna persona del entorno del Gobierno nacional.
Sin
embargo, el problema radica, a su juicio, en que los precios de las medicinas
se están dolarizando. "El gobierno no le da divisas a la industria
farmacéutica, prefiere que se traigan medicamentos que se pueden producir en
Venezuela. Se está acabando con el acceso al medicamento al autorizar que se
traiga a dólar libre.
Hoy en Venezuela no se produce nada y el 99 % del material
médico quirúrgico que se utiliza en el país es importado y el dólar
preferencial de 10 bolívares por dólar que está destinado para esto, vemos que,
o no lo están dando, o se lo están robando porque la realidad es que no hay
medicinas en el país.
Dada esta situación,
organizaciones de personas afectadas, familiares y de derechos humanos,
médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, sociedades médicas e
instituciones académicas, así como proveedores y distribuidores privados, han
exigido a las autoridades nacionales que reconozcan la grave situación y
presenten soluciones inmediatas, declaren una emergencia sanitaria en el país y
se disponga de mecanismos de ayuda humanitaria internacionales para garantizar
la salud y la vida de miles de personas. La salud pública configura la mayor
garantía de una efectiva atención sanitaria en Venezuela. Dependen también de
ella los programas, las funciones de rectoría, vigilancia y contraloría
sanitaria, la formación de recurso humano y el suministro de tratamientos. En
este sentido, que persista esta situación, privando a la población de servicios
sanitarios, constituye una amenaza para la protección del derecho a la salud en
Venezuela, y acarrea violaciones de la Constitución y de los pactos y convenios
internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sin
que valgan excusas basadas en la insuficiencia de recursos o en cualquier otra dificultad.